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Abandono de animales domésticos

Con la llegada del verano y, especialmente, con la perspectiva de las vacaciones, es frecuente encontrar en los medios de comunicación noticias referentes al abandono de animales domésticos. No por repetirse año tras año es menos penosa la situación. Perros y gatos, o también caballos y cualquier otro, son dejados a su suerte junto a carreteras, en el campo o cualquier lugar insospechado, bien porque sus dueños se han cansado de cuidarlos, bien por cuestiones económicas, bien porque consideran que suponen una carga para poder disfrutar plenamente del descanso estival.

Como primera observación, haciendo eco de las muchas campañas de concienciación que promueven las entidades protectoras de animales, toca recordar que siempre es mejor prevenir. Dicho de manera clara, si uno sabe que se cansa rápido de responsabilidades o prevé que no tiene fuerza de voluntad, mejor no adquirir un animal doméstico. Mucho menos regalarlos o aceptarlos como regalos.

Dicho lo anterior, y más allá del reproche social que supone este tipo de acciones, nuestro código penal (CP) contempla desde el año 2015 un tipo específico para castigar a las personas responsables de estas conductas. En concreto, el art. 337 bis CP establece respecto de cualquier animal que no viva en estado salvaje que “El que abandone […]en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales“. Se trata de un delito leve, un tipo atenuado del delito de maltrato animal del art. 337 CP, castigado con multa y con inhabilitación para tratar con animales.

¿Qué se entiende penalmente por “abandonar en situación de peligro“? Dos son los requisitos de esta conducta por omisión. En primer lugar, que el sujeto tenga anteriormente una posición de dominio sobre el animal (tanto si es el dueño como si sólo tiene la mera posesión y control). La forma más sencilla de acreditar este punto es recurrir al “chip” que suelen tener implantados, pero sirve cualquier medio de prueba fehaciente (testigos, documentos y similares). En segundo lugar, no cumplir con los deberes de asistencia o dar sustento debido al animal. Esto quiere decir que existe peligro tanto fuera como dentro de nuestra residencia/cortijo/vivienda, pues también se considera abandono penal dejar sin sustento al animal en sus necesidades básicas.

Para el caso contrario al tipo penal, esto es, para los “abandonos que no son en situación de peligro“, también encontramos reproche legal. En concreto para nuestra región, el art. 32.3.b) de la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece como infracción grave el abandono con multa de hasta 1.500 €.

Conclusión, si nuestra situación impide atender un animal doméstico debemos acudir a mecanismos legales o entidades para su entrega o acogimiento. Debemos desterrar la mala práctica del abandono o acciones mucho más cruentas.

Para todos aquellos que queráis profundizar en esta cuestión y para quienes están interesados en los animales, sus derechos y las normas que rigen nuestra convivencia con ellos, os remito al Blog de Derecho de los Animales que tiene sobre el tema la Web de Abogacía española y donde participan expertos juristas opinando sobre las cuestiones más diversas del mundo animal.