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La oposición interpone tres querellas criminales a Lobato, Lallave y Bravo por no facilitar información

El grupo socialista durante el pleno

El PSOE de Almendralejo ha interpuesto tres querellas criminales al alcalde, José García Lobato, y a los concejales populares, Francisco Lallave y Juan Daniel Bravo, por vulnerar su derecho de acceso a la información. Se trata, según la portavoz socialista, Piedad Álvarez, de decenas de peticiones que no les han sido atendidas.

“Se nos ha vuelto a decir aquella excusa de que los servicios municipales tienen mucho trabajo”, ha indicado Álvarez. Algo por lo que el Consistorio ya fue condenado por el juzgado Contencioso- Administrativo número 1 de Mérida, y obligó al equipo de gobierno, en ese caso, a facilitar la cantidad de dinero que gastó en cada medio de comunicación local en el año 2015.

La socialista advierte de que “hasta aquí hemos llegado” y pretenden con estas querellas que no sigan “burlándose de nosotros”. Ha lamentado que se tenga que judicializar la vida política, pero se considera que no tienen otra alternativa con el equipo de gobierno.

No es la primera vez que la oposición recurre a los tribunales. Ya lo hizo con el caso Cofely, que se paralizó tras la apertura del caso Púnica; o con la subida de las tasas relacionadas con el agua, que el PSOE ganó en primera instancia, pero el Consistorio recurrió. Tampoco descartan hacerlo en el tema relacionado con la plaza del mercado, una vez que se resuelva el recurso de reposición presentado por “posibles irregularidades” en la licitación del proyecto.

Otros puntos del pleno
Unas querellas que la edil socialista ha anunciado en el transcurso de un pleno en el que se ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana, en la manzana delimitada por la calle Minitas, avenidas de A Rúa y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Se trata del edificio de bodegas Ortiz, que pasará de tener un uso residencial, a uno comercial, según ha explicado el portavoz popular, Luis Alfonso Merino.

En cuanto a los asuntos económicos se ha aprobado la modificación del anexo de inversiones, aumentando la partida del plan de asfaltado en 100.000 euros. Un paso paralelo a la aprobación de suplemento de crédito que ya se hizo en el mes de mayo. También se ha dado luz verde a un reconocimiento extrajudicial de deuda de 115.000 euros que se mantenía con el OAR desde el año 2016. Esta cantidad es la que se abona a la Diputación por la prestación de estos servicios, y se debía una anualidad que no se había podido efectuar en su momento.

Para los socialistas se trata de “una factura de cajón” que no pudieron abonar por falta de crédito. Y les han pedido que “reconozcan los 400.000 euros que tienen pendiente con la empresa Cespa”.