La alcaldesa de Santa Marta, Ana Belén Cabañas, y el secretario de este Ayuntamiento, Jesús Nieto. Foto: ©Almendralejoaldía

Hablamos con la alcaldesa de Santa Marta y el secretario de este Ayuntamiento quienes nos detallan cada paso dado por la Mancomunidad 

Almendralejo está condenada a pagar más de 93.000 euros, más costas e intereses, por no liquidar sus cuentas al abandonarla y no hacerse cargo del pago por el despido de los trabajadores

El pasado lunes se celebró el pleno del mes de marzo en el que se dio luz verde a un crédito extraordinario de 93.983 euros para poder ejecutar una sentencia del Juzgado Número 1 de Mérida en el que condena al Ayuntamiento y da la razón a la Mancomunidad Integral Tierra de Barros. La resolución da la razón a los nueve municipios que aún hoy conforman la comisión liquidadora, cuando defendían que Almendralejo no había saldado sus cuentas en el momento de abandonarla, por lo menos no del todo.

Almendralejo al día ha hablado con la actual presidenta de esta comisión de la Mancomunidad, la alcaldesa de Santa Marta, Ana Belén Cabañas, y con el secretario de este Ayuntamiento, quien a la vez hace las funciones de secretario de la Mancomunidad, Jesús Nieto, quienes nos han contado, detalladamente y con documentos que justifican, cada paso que han dado hasta llegar al momento actual.

La historia se retrotrae al año 2012 cuando el equipo de gobierno de José García Lobato decide, y aprueba en pleno por mayoría absoluta, salirse de la Mancomunidad Integral Tierra de Barros. Aseguran que el servicio de arreglo de caminos de los que se beneficia la ciudad no compensa el pago que deben hacer anualmente, 82.895 euros, de estos 13.707 corresponden a la maquinaria, y el resto es para el abono del personal. Desde entonces y hasta ahora han licitado este servicio, y lo han adjudicado a una empresa por 90.000 euros, excepto este año que la cuantía ha descendido hasta los 60.000.

Almendralejo aportaba la mitad del presupuesto que necesitaba la Mancomunidad para su subsistencia

La capital de Tierra de Barros aportaba la mitad del presupuesto que necesitaba la Mancomunidad para su subsistencia, por lo que ante su salida, no pueden seguir adelante. Almendralejo abona lo que considera que debe para, a su juicio, terminar con esta relación, mientras que la entidad le reclama una cantidad mayor, en concreto 5.788 euros. Esto fue a inicios de 2013. La Mancomunidad tiene que despedir al personal contratado, pero no les puede pagar lo que les correspondía. Los trabajadores deciden denunciar.

Entre tanto unas elecciones municipales, las de 2015, que en Santa Marta aunque no cambia el signo político, sí lo hace la persona que está al frente como alcaldesa. Cabañas recuerda que fue en 2016 cuando recibe un correo convocándola a una reunión de la Mancomunidad, el mismo día en que es emitido. A pesar de la premura decide asistir con el secretario.

La reunión
“Cuál es mi sorpresa que nadie de los que allí presentes en ese momento estaban gobernando”, señala Cabañas, sin embargo habían encargado a un bufete de abogados el caso. Letrados con los que posteriormente llegan a un acuerdo y prescinden de sus servicios por llegar a un acuerdo con los trabajadores. Inmediatamente alerta a la alcaldesa de Solana de los barros, y de forma urgente convocan una reunión con los regidores de los municipios que en ese momento regentan los Consistorios.

A partir de entonces ponen en marcha un trabajo minucioso y exhaustivo para poder liquidar la Mancomunidad y que no suponga un acto gravoso para estos pequeños municipios de no más de cuatro mil habitantes. Han de hacerse con documentación que examinan y leen con cuidado. Llegan a acuerdos con los abogados de los trabajadores, fraccionando pagos y sin tener que llegar a juicio.

Estos pagos se los reparten entre todos los municipios que hacen ingeniería financiera para poder hacer frente a estas derramas que, casi mensualmente, debían tener al corriente. Todos a una, independientemente del color político, querían hacer las cosas bien y dar carpetazo a la Mancomunidad sin que supusiera un perjuicio para los trabajadores. Menos Almendralejo quien seguía manteniendo que ya no formaba parte del grupo.

Los nueve municipios acuerdan y se reparten solidariamente los pagos que deben hacer a los trabajadores que fueron despedidos. Excepto Almendralejo

En una de las reuniones que mantiene la comisión liquidadora, deciden que la localidad también debe hacerse cargo de estos pagos, puesto que, según han defendido siempre en la Mancomunidad, no habían liquidado sus cuentas. Incluso, municipios que sí lo habían hecho de forma correcta, se solidarizaron con la situación y arrimaron el hombro a partes iguales. Almendralejo no.

Cabañas le remitió una carta a García Lobato en la que le solicitaba una entrevista personal “para intentar aclarar y resolver la situación”. Además, añadía que no pedían “ningún tipo de pronunciamiento previo”, y le advertía que si en el plazo de diez días no contestaba a la misiva entenderían que el Ayuntamiento almendralejense no tenía intención de resolver nada. Así fue. El silencio por respuesta. Aún así, y aunque esto lo hicieran de manera formal, los intentos por acordar una reunión con el alcalde popular se hicieron por otros cauces, que tampoco tuvieron la respuesta deseada. Siempre hubo una negativa al diálogo.

Así las cosas, explican que no les quedó más remedio que denunciar y licitar los servicios de representación. En este caso fue la abogada almendralejense Ana Teresa Ponce quien ha llevado el caso. “Tuvimos que improvisar una oficina en la piscina de la Corte donde revisábamos todos los documentos”, recuerda el secretario.

García Lobato nunca accedió a reunirse con la comisión liquidadora a pesar de que ésta lo solicitara por escrito

El ex alcalde de Corte de Peleas quien ostentaba la presidencia de la Mancomunidad, Ramón Pulido, también jugó un papel importante en todo este asunto. Cabañas desvela que tuvieron que ir a su finca a por las máquinas que utilizaban para el arreglo de los caminos, puesto que estaba haciendo un uso privativo de ellas. No descartan emprender también acciones legales contra él.

Máquinas que vendieron para poder obtener dinero, también vehículos, repartieron ordenadores y cuando todo estaba ordenado, la Junta de Extremadura les reclama un pago de más de 30.000 euros al que tienen que hacer frente. Dinero y más dinero que se acumula y que va asfixiando a los pequeños ayuntamientos. Pero siempre era mejor pagar, como fuera, pero pagar. ¿Por qué? Porque si no embargarían a alguno de ellos, de forma aleatoria, y ninguno quería correr ese riesgo.

Final no feliz
En 2018 se conoció la sentencia en primera instancia que daba la razón a la Mancomunidad; Almendralejo recurrió, pero volvió a perder. Desde el Consistorio decidieron no hacerlo en casación. A los 93.000 euros que se aprobó en el pleno, hay que sumar costas e intereses, por lo que la cuantía que deberá abonar será cercana a los 120.000 euros. Dinero que repartirán entre los nueve municipios que previamente hicieron frente al pago de los trabajadores de la Mancomunidad.

Tanto Cabañas como Nieto quieren cerrar este capítulo y liquidar lo que queda pendiente. Esperan que Almendralejo abone su deuda antes de las elecciones. La alcaldesa señala que el final de este asunto no le hace feliz, puesto que es consciente de que ese dinero es municipal, y  por tanto de todos los almendralejenses, ya que ningún miembro del equipo de gobierno ha asumido ninguna responsabilidad. Es más, el alcalde señaló en el pleno que volvería a repetir el abandono de la Mancomunidad.

Cerrado este capítulo sorprende que abran otro sopesando la posibilidad de volver a crear una nueva Mancomunidad pero, esta vez, apostillan, haciendo las cosas bien.