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Lobato, Lallave y Bravo testifican en el juzgado acompañados por el abogado del Ayuntamiento

El alcalde junto a Gutiérrez y detrás Bravo y Lallave en el juzgado de Almendalejo

El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, y los concejales de Asuntos Económicos y Obras, Francisco Lallave y Juan Daniel Bravo, han testificado esta mañana como investigados en los juzgados de Almendralejo, por la querella interpuesta por el equipo municipal socialista por no facilitarles la información requerida.

Poco antes de las diez de la mañana, hora de la cita, el alcalde llegaba a los juzgados, junto a sus compañeros de gobierno, conduciendo su propio coche. Tras aparcar, accedieron por la puerta principal de la avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Iban acompañados del abogado del Ayuntamiento, Luis Gutiérrez. Ninguno ha hecho declaraciones a su entrada y han accedido al edificio con semblante serio.

Al caso, que se encuentra en la fase de diligencias previas, se ha personado también la Fiscalía, según anunció la concejala Piedad Álvarez. Los tres cargos públicos están acusados de un delito denominado “contra ejercicio otros derechos cívicos por función pública”, tipificado en el código penal en el artículo 542 con “inhabilitación para el empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años”. Así lo establece por “impedir a sabiendas a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”.

Accediendo al juzgado de la avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Mientras, en el centro cívico algunas de las personas que asistían a la mesa de contratación del proyecto y obra de rehabilitación de la plaza del mercado preguntaban dónde estaba el primer edil y el concejal Lallave, puesto que éste último fue quien presidió la mesa de contratación en agosto, cuya licitación quedó desierta.

No es la primera vez que García Lobato declara como investigado ante un juez este año. En enero fue en la Audiencia Nacional donde tuvo que dar explicaciones sobre un contrato de eficiencia energética con la empresa Cofely, dentro del Caso Púnica. En este caso la Fiscalía le atribuye posibles delitos de fraude, revelación de secretos y cohecho.