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Quién sube el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

En los últimos años nuestros pueblos y ciudades, con la complicidad del Ministerio de Hacienda, han visto en la creciente recaudación por el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) un salvavidas para los menguantes ingresos municipales, especialmente a raíz de la susodicha crisis económica. A poco que descifremos nuestros últimos recibos de la “contribución” podremos observar incrementos sustanciosos en la cuantía que hay que pagar (cuota tributaria). Estas subidas se pueden deber a varias causas, por sí o de manera conjunta, de tal forma que hoy nos vamos a detener a explicar el origen de estas posibles subidas.

Lo primero que debemos conocer es que este impuesto local se calcula en base a una multiplicación. La operación es muy sencilla: se toma como base el valor catastral del inmueble (base imponible) y se le aplica un porcentaje (tipo impositivo). Por lo tanto, cualquier modificación que hagan sobre estos dos valores supone el incremento o la reducción de lo que pagamos. Por lo general, serán revisiones al alza, pero siempre existe margen para bajar el impuesto.

El cálculo de la primera variable, el valor catastral (valor del suelo más valor de la construcción), es una competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda, en concreto, de la Dirección General del Catastro. Por lo tanto, la decisión final sobre esta primera parte del cálculo es siempre del Gobierno central. La normativa del catastro prevé unos mecanismos ordinarios para tener actualizada la información de cada inmueble según su vida jurídica y su situación física (declaraciones, comunicaciones o solicitudes); existe también la posibilidad de subsanar errores.

Sin embargo, la realidad y «Google earth» han puesto de manifiesto que muchas personas “olvidan” la obligación de declarar los cambios o las altas de inmuebles (construcciones rústicas; cambios de propietarios; fallecimientos; ampliación de la
superficie construida y situaciones similares). Frente a estos incumplimientos, el Ministerio utiliza un procedimiento extraordinario que se denomina “regularización catastral” y que revisa de una tirada el conjunto de inmuebles de un municipio, sacando a la luz todas aquellas construcciones que no pagan impuestos y ya existía. Digamos que el Ministerio “ayuda” a estas personas a ponerse al día con el catastro; eso sí, con la molestia de pagar una tasa de 60 euros (aparte del IBI).

La segunda variable, el tipo de gravamen, es una decisión del Ayuntamiento a partir de los límites que establece el Estado. Concretamente, la legislación de haciendas locales establece una horquilla inicial que va del 0,4% al 1,10% para urbanos. Dentro de este margen el Ayuntamiento tiene plena discrecionalidad para elegir el tipo mínimo, el máximo o un tipo intermedio.

En conclusión, el IBI en un municipio no tiene que subir obligatoriamente aunque se actualice el valor catastral, pues cuando el Ministerio revisa esta variable el Ayuntamiento puede bajar la otra. Ahora bien, si consecuencia de una regularización descubren un inmueble que no estaba declarado tendrá que empezar a pagar. Tan posible es lo primero como justo lo segundo.