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Un ascensor para la comunidad de vecinos

Aunque Extremadura todavía conserva en el conjunto de sus pueblos un porcentaje muy elevado de viviendas unifamiliares, lo cierto es que, poco a poco, se va imponiendo la vida en pisos con régimen de propiedad horizontal. Sobre este tipo de fincas, con o sin estatutos, no sorprendo a ningún lector si afirmamos que en la mayoría de estas comunidades de propietarios hay pequeños roces de convivencia no sólo por cuestiones de peso sino por temas mucho más perentorios. La convivencia es sana pero, en ocasiones, muy dura.

Tanto da de sí el tema que dos conocidas series de televisión se disputan nuestro ocio en cadenas rivales, casi con tanta pasión como la que se respira en algunas asambleas de nuestras comunidades de vecinos, especialmente cuando se trata en el orden del día la cuestión del ascensor. Con diferencia, es uno de los asuntos más controvertidos, generalmente por su coste inicial, por las obras que implica y por los problemas de mantenimiento. En el mismo saco podemos meter las sillas elevadoras o, incluso, otras obras de accesibilidad para adaptar la finca a personas con movilidad reducida. Sea cual sea, quien vive en el bajo nunca ve la urgencia mientras que quien reside en el 4º se lo toma como si en ello fuera su vida —y, en parte, es así porque vivir en una de las plantas altas sin ascensor requiere de mucha voluntad—.

La clave de todo se encuentra en los arts. 10.1.b) y 17.2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (reformada para este tipo de cuestiones por Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas). Según estas disposiciones:

+ NO se necesitará acuerdo de la Junta de Propietarios cuando las obras son “ajustes razonables en materia de accesibilidad universal” (concepto jurídico indeterminado), o cuando las obras sean requeridas por un propietario alegando que en su piso o local viven, trabajan o hacen voluntariado personas con discapacidad o mayores de setenta años (en este segundo caso se concreta: “instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos”). Eso sí, en cualquiera de los dos supuestos contemplados, se exige que el importe repercutido de las obras (esto es, gasto anual descontadas las ayudas públicas) tiene que ser inferior a 12 mensualidades de gastos comunes.

+ SI se necesitará acuerdo previo de la Junta de Propietarios para obras de supresión de barreras arquitectónicas o ascensor cuando no se esté en alguno de los supuestos del apartado anterior. En estos casos se necesitará el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

A todos los efectos, sea cual sea la opción elegida, el coste de este tipo de obras y su mantenimiento posterior se consideran gastos generales de la comunidad de propietarios y, consecuentemente, tendrá que ser sufragado por todos los propietarios en función de su cuota de participación (art. 9.1.e) LPH). La excepción a esta regla sería un acuerdo por unanimidad que decida un reparto diferente del gasto.

Por cierto, creemos que el sentido común es motivo suficiente para que una finca deba ser accesible en pleno s. XXI, pero si algunos propietarios no están por la labor de aprobar este tipo de obras, deberemos recordar que estamos también ante una exigencia legal; para nosotros, en el art. 4 de la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura y su reglamento.